Jueces de garantía

Claudio Palavecino 10 Nov 201110/11/11 a las 19:55 hrs.2011-11-10 19:55:10

Cartas El Mercurio, publicada el domingo 23 de Octubre de 2011
Sr. Director.
El ministro de Justicia, Teodoro Ribera señaló públicamente que el gobierno evaluará los fallos de los jueces de garantía sobre los detenidos por desórdenes públicos antes de decidir su promoción dentro del Poder Judicial.
Las críticas a las palabras del ministro no se dejaron esperar. El presidente de la Corte Suprema vio en ellas “una manera indirecta de hacer presión sobre los jueces”.
En mi opinión, que el gobierno transparente los criterios para la promoción de los jueces no debería considerarse algo alarmante. El propio presidente de la Corte Suprema reconoce que el diseño institucional de la judicatura confiere al poder político ese papel determinante en la designación de las altas magistraturas del país. Si esto es así, se debe a que, desde la propia institucionalidad vigente, se considera saludable para la República cierto grado de control de la actuación de los jueces por el poder político, pues, como dice Garapon, tan peligrosa es una justicia falta de independencia como una justicia demasiado aislada del soberano.
Así, por ejemplo, recuperada la democracia, se ha vedado el acceso a la Corte Suprema de algunos jueces bajo el argumento de que fueron indolentes con las causas de derechos humanos durante el Gobierno Militar.
Es bueno que los gobiernos transparenten los motivos que deciden el ascenso o postergación de los jueces, en lugar de obrar secretamente, porque solo gracias a esa explicitación se puede abrir el debate público sobre la legitimidad de los motivos.

Claudio Palavecino
Profesor Facultad de Derecho
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Última Modificación 10 Nov 201110/11/11 a las 19:55 hrs.2011-11-10 19:55:10
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Comentarios

  • Francisco Alvarado

    20 Ene 201220/01/12 a las 16:31 hrs.2012-01-20 16:31:20

    La alusión al parafraseo fuera de contexto no es necesaria, toda vez que un alumno medio de este blog fácilmente puede ir un par de comentarios más arriba y ver la fuente, por lo demás creo que apuntamos más o menos al mismo punto.

    En lo sustancial no discrepamos, es decir "el legislador debe determinar quien debe ir a la cárcel", de hecho lo has dejado claro en tu último comentario, por lo que no veo mayor controversia. Solo me mostré disconforme con parte de tu argumentación, la cual, en mi opinión, no lograba sostener en forma contundente lo que criticamos: "que al final del día el ejecutivo sea el que decida quien irá a la cárcel". Por lo demás, creo que tu último comentario es más certero.

    Saludos,

  • Álvaro Barros Astudillo

    20 Ene 201220/01/12 a las 14:44 hrs.2012-01-20 14:44:20

    Sobre el comentario que Francisco Alvarado hace, parafraseandome de forma descontextualizada:

    Por criterios abstractos y generales, como me referí en mi primer post sobre el tema, entiendo la idea de -por ejemplo y solo como ejemplo- mantener el apego irrestricto a la ley. En cambio, por criterios concretos quiero decir -como en el caso en discusión- a que se deba fallar más duramente con los imputados por desordenes en las protestas. Dicho criterio viene dado por el ejecutivo, determinado de forma absolutamente arbitraria y casuística. En 3 años más, con el cambio de gobierno, muy probablemente ese criterio de ascenso ya no valdrá nada (lo que afectaría de forma clara la certeza jurídica, en tanto los criterios de los jueces irían cambiando según el gobierno de turno y los problemas que lo aquejen en el momento)

    Las consecuencias de ello no pueden ser ya más evidentes. El problema es justamente que en este caso no es el legislador quien determinará quien "debe ir a la carcel", sino que lo hace el ejecutivo. Eso es lo inaceptable, dada la incertidumbre que genera. De aceptarse aquello, en 3 años más los criterios serán distintos. Por eso los criterios deben venir dados de forma abstracta y general, por el legislador e independiente del gobierno de turno. Ello significaría dar mayor certeza y seguridad al sistema procesal chileno.

    Tal como se dijo hoy en clases, algo muy parecido pasa con la dirección del trabajo, en tanto al someterse a criterios políticos(totalmente casuísticos) no se da certeza sobre las resoluciones que va a tomar. Ello solo va en perjuicio de quienes más deberían verse protegidos por el sistema.

    En todo caso, es importante aclarar que el hecho de establecer criterios abstractos no significa no dejar un margen para que el juez decida. Ese es, de hecho, una garantía para la parte más débil. Pero este no es el tema de la discusión.

  • Francisco Alvarado

    9 Ene 201209/01/12 a las 00:02 hrs.2012-01-09 00:02:09

    Quise volver a esta discusión en relación a a un tema que se generó con posterioridad, el análisis de "la cuarta sala", la razón es que hay factores similares.

    Antes, me parece interesante lo escrito por Álvaro Barros que sirve para la relación con el análisis de la cuarta sala, y además es útil para sostener mi punto de vista:

    "Por eso, dichos criterios deben ser dados en abstracto, evitando referirse a casos concretos y circunstancias que la opinión publica determina.". Si bien, por un lado se acerca a mi opinión, discrepo en sus consecuencias.
    Pues, aunque esos parámetros se den en abstracto se llega al mismo resultado que se busca obtener en relación con los jueces laborales: Que se encarcele a los protestantes [en general], aún más allá de lo dispuesto por la ley (es decir, que se falle como el ejecutivo desea), o que se falle en favor del trabajador -independiente de quien sea-, más allá de lo dispuesto en la ley a su vez. (Es decir, que se resuelva como sueñan Gamonal y Camaño)

    En este sentido, no veo que sea malo que se transparenten los criterios de promoción para los jueces, sin embargo, considero nefasto lo señalado por el Sr. Teodoro Ribera: "El gobierno evaluará los fallos de los jueces de garantía sobre los detenidos por desórdenes públicos antes de decidir su promoción dentro del Poder Judicial", por los efectos que señalé en el párrafo anterior.

    Bajo estas ideas, creo que la problemática a la crítica que se realiza a "la cuarta sala" tiene una relación notoria con el asunto acá discutido. En este sentido, lo que se tendrá en la mira a la hora de promover o no a un juez es cómo decidió y resolvió un caso concreto, según entiendo: criticando si dicho fallo responde o no a un contexto político determinado y a la vez querido, independiente del razonamiento jurídico que da la respuesta al caso, es decir, que "se metan presos a los que el gobierno quiere ver presos".

    En mi opinión, poco me vale a quién quiere ver tras las rejas la autoridad de turno, sino quién "debe ir a la cárcel" según las reglas definidas ex antes de perpetrados los hechos por el legislador. Con mayor razón aún, si se logra ver entre lineas que dicha revisión a cómo fallan los jueces de garantía tiene relación con la claramente incumplida propuesta del gobierno de "acabar con la delincuencia".

    Saludos,

  • Cristóbal Lamas U.

    27 Dic 201127/12/11 a las 00:41 hrs.2011-12-27 00:41:27

    No me parece que el ascenso en la carrera judicial deba depender o estar condicionado a compartir el criterio político criminal del gobierno de turno, sea este del signo que sea.

    A mi juicio, declaraciones como éstas atentan contra un principio básico y fundamental como lo es la separación de poderes del estado. El Poder Judicial es un poder independiente, si bien es cierto que el Ejecutivo participa en el nombramiento de jueces, no me parece que éste deba hacerse condicionando el actuar de los jueces, a determinado criterio del gobierno de turno. A mi juicio es una presión indebida del Ejecutivo que incluso podría considerarse que vulnera la garantía del debido proceso de los imputados ante los Jueces de Garantía, que precisamente deben velar por la no vulneración de las garantías fundamentales durante el procedimiento penal.

    Me parece que estas declaraciones del Ministro Ribera, como también las del Ministro Hinzpeter contra los fiscales y jueces en el último par de meses, responden más a un tema político e incluso más bien mediático, con respecto a la imagen del gobierno en su “lucha contra la delincuencia”.

    Creo que es una polémica absolutamente artificial y además sin sustento, ya que por dar un ejemplo, si lo que se critica es la "mano blanda" de los Jueces de Garantía, o su "excesivo garantismo", hay estadísticas oficiales del Poder Judicial que establecen que estos jueces acogen aproximadamente el 89% de las solicitudes de prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público.

    El Gobierno durante su campaña hizo hincapié en la “mano dura” que tendrían contra la delincuencia, que le pondrían un candado a la puerta giratoria, “delincuentes se les acabó la fiesta”, etc. Generaron inmensas expectativas con sus promesas. Pero ya pasados 2 años de gobierno se dieron cuenta que la tarea no era tan fácil como se criticaba desde afuera y que además ellos no eran los únicos encargados del problema de la delincuencia, sino que también lo son el Poder Judicial, los Fiscales y por supuesto las Policías.

    El Gobierno, ante el alza de la delincuencia y la sensación de inseguridad de las personas, además de la baja aprobación ciudadana reflejada en las encuestas, tomó como estrategia política y mediática echarle la culpa al poder judicial y a los fiscales, tensionando y obstaculizando las relaciones, en vez de trabajar en conjunto, coordinadamente para enfrentar los problemas como se deben, como estado, con más altura de miras y una visión a largo plazo, y no estando pendiente de la aprobación de la próxima encuesta, mirando el corto plazo, tal como lo está haciendo.

  • Álvaro Barros Astudillo

    5 Dic 201105/12/11 a las 00:09 hrs.2011-12-05 00:09:05

    Según entiendo yo, las actuaciones de los jueces sí se dan a conocer. Las sentencias deben estar fundamentadas y ellas son públicas, por lo que las razones que fundamentan las actuaciones no son el problema. El problema es los criterios que determinarán la promoción de los jueces dentro del sistema. Esos criterios no pueden ser determinados concretamente por el ejecutivo. Eso significa de forma clara fijar la forma en que los jueces deben fallar. Si no fallan de esa manera, no serán promovidos. Por eso, dichos criterios deben ser dados en abstracto, evitando referirse a casos concretos y circunstancias que la opinión publica determina. Es claro que lo que se busca defendiendo las imposiciones por parte del ejecutivo es apoyar determinadas corrientes políticas, antes que la correcta aplicación de la ley o la impartición de justicia. Si la ley significa meter más gente a la carcel, bienvenido sea. Pero mientras así no sea, jamás el hecho de que el ejecutivo lo imponga se presentará como una garantía para nadie.

  • Javiera Ocampo S.

    4 Dic 201104/12/11 a las 23:48 hrs.2011-12-04 23:48:04

    Respecto del punto de dar a conocer o transparentar las actuaciones de los jueces, creo que es algo oportuno y necesario, en el marco de nuestro sistema judicial donde el juez hace carrera dentro de la institución. Así se podría dar a conocer a la sociedad cómo razonan los tribunales de nuestro país acerca de las diferentes materia que son objeto de debate.
    Sin embargo, creo que la interferencia de controles políticos y de otra índole que vaya más allá del control público, es una interferencia excesiva de los demás poderes del Estado en la actividad judicial. Esto porque un control de este tipo claramente influiría en el actuar y el desarrollo de la actividad de los jueces, los que más que aplicar el derecho conforme a sus convicciones y conocimientos, tenderían en cierta manera a actuar o pronunciarse como lo haría o esperaría que lo hicieran estos distintos entes controladores.
    En todo lo demás creo que nuestro sistema debe transparentar sus actuaciones, lo que no incluye - según mi opinión - la posibilidad de que los demás poderes del estado puedan decidir si determinadas causas deben o no sustanciarse en nuestro sistema.

  • Gabriela Manríquez R.

    4 Dic 201104/12/11 a las 23:14 hrs.2011-12-04 23:14:04

    El dar a conocer los criterios para promover a los jueces puede ser utilizado como incentivo para que hagan bien su trabajo, además de las muchas ventajas que tiene transparentar procesos de este tipo para así evitar promociones fraudulentas, por amistades, etc. Esto no quiere decir que los criterios deben ser lo que el ejecutivo quiere en materia de política penal, si no simplemente que se genere una especie de "ranking" en el que los factores de puntuación incluyan criterios no discrecionales.
    Estoy completamente de acuerdo con que los criterios no pueden ser algo así como número de personas que fueron enviadas a la cárcel, si no un modelo abstracto de fallo que incluya directrices de actuación para éstos.

  • Álvaro Barros Astudillo

    4 Dic 201104/12/11 a las 22:37 hrs.2011-12-04 22:37:04

    No estoy de acuerdo con que se deban dar a conocer los criterios para la promoción de los jueces. Sí estoy de acuerdo con la idea de que exista un control a la labor de los jueces, pero ese control no puede ser por dado por si cumple o no con lo que el poder ejecutivo quiere lograr.

    Ello significa claramente encausar los fallos de los jueces, alejándose de las circunstancias concretas de cada caso. Es importante no confundir las cosas. Decir que lo que el ejecutivo determina como correcto para fallar es lo que se debe fallar, es distinto a que existan formas abstractas de como fallar. No es lo mismo fiscalizar a encaminar.

    Estoy de acuerdo con que se den a conocer los criterios para el ascenso de los jueces, pero eso en un sentido abstracto. No se puede tener como criterio de selección el fallar de determinada manera, sino que -por ejemplo- el apego a la ley (o no). Es distinto tener criterios abstractos que deban ser cumplidos por los jueces a decirle lo que deben fallar para lograr su promoción.

  • Álvaro Pérez Sommariva

    4 Dic 201104/12/11 a las 21:17 hrs.2011-12-04 21:17:04

    Sebasián,

    Estoy de acuerdo contigo sobre la relevancia de mantener la división de poderes como horizonte, porque en el fondo un sistema político liberal apuesta a la limitación en parcelas del poder.

    Aun así, yo creo que el problema aquí no es sobre un control del ejecutivo a los jueces por su exceso en las facultades, sino al revés: a mi modo de ver, el ejecutivo está abiertamente cuestionando el ejercicio legítimo de una facultad conferida por la ley a los jueces de garantía, que es el interpretar conceptos como "peligrosidad" u otros. Entonces, para mi el único llamado legítimamente a resolver problemas legales por esencia es el parlamento. Lamentablemente en Chile tenemos un presidencialismo monárquico, y ese puede que sea el problema de fondo sobre la limitación de poderes.

  • Sebastián Pica Tellez

    4 Dic 201104/12/11 a las 20:56 hrs.2011-12-04 20:56:04

    sobre los juzgados.

  • Sebastián Pica Tellez

    4 Dic 201104/12/11 a las 20:55 hrs.2011-12-04 20:55:04

    Roberto,
    Creo que tienes razón al expresar “que todo sistemas deben tener sus matices y mecanismos preestablecidos para corregir potenciales errores”, pero como dije en el posteo anterior, lo que yo exprese era solo una visión simplista e ideal de lo que implica la separación de poder. Ahora tienes razón al decir que el sistema judicial está compuesto por personas, y que por lo tanto es susceptible de distorsionarse por los vicios de estas, pero eso se puede aplicar a cualquier poder del Estado, ya que todos estas compuestos por humanos. De esta manera es correcto que exista un control en el ejercicio de la facultad de los jueces, pero no creo que ese poder deba recaer necesariamente en el ejecutivo, ya que es suficiente la potestad administrativa que se le confiere y seria regresivo (en relación al principio de separación de los poderes) adjudicarle ,además control

  • Roberto Carrillo A.

    4 Dic 201104/12/11 a las 20:42 hrs.2011-12-04 20:42:04

    Estimado Sebastian,
    Como tu bien dices, lo óptimo para propender al bien común es la separación de los poderes del Estado. Ahora bien, creo que incurres en un error, puesto que como todo sistema, éste tiene que tener matices y mecanismos pre establecidos para corregir potenciales errores. Y puesto que hasta el día de hoy no se ha creado un sistema judicial operado de una forma más óptima que con jueces, es lo que tenemos y éstos al ser humanos estar sujetos a deseos y errores. Es un deber del Estado un ejercicio correcto de la jurisdicción, para velar por las garantías fundamentales que la sociedad toda posee, y uno de ellos es la integridad física, por lo que no creo erróneo un control en el ejercicio de las facultades entregada a los jueces (recordemos que es una facultad delegada, por lo que ellos se someten a realizarla de forma correcta).

    Saludos

  • Sebastián Pica Tellez

    4 Dic 201104/12/11 a las 20:35 hrs.2011-12-04 20:35:04

    El ideal de un sistema democrático con los poderes del Estados debidamente separados parece una buena forma de responder al problema del “poder” que se generan en las grandes sociedades. Es normal que la política y sus distintos núcleos se despliegue en los sistemas democráticos en busca de sus fines, pero lamentablemente cuando un grupo se adueña momentáneamente del poder gubernamental, no es raro que llegue abusar de este. Es así que resulta útil la idea de separar los poderes, para así defender a la sociedad de una dominación total de ciertos grupos políticos, aun que esta es una concepción básica de lo que implica todo esto, creo que es lamentable que no se respete el principio de separación de poderes como base de un Estado equilibrado.

  • Daniel Moris O.

    2 Dic 201102/12/11 a las 11:00 hrs.2011-12-02 11:00:02

    Estoy, creo que completamente, de acuerdo con Osvaldo. La transparentación de las motivaciones no implica un empoderamiento de "la ciudadanía", no tampoco, claro, un mayor control social, aunque antes de eso habría que discutir la deseabilidad del control social, su efectividad y su conveniencia, y si es la gente quien debe realizar un control de las instituciones; no quiero ser antidemocrático, sino que apelo a que no porque algo esté establecido y sea generalmente aceptado pertenezca a una especie de orden natural de como las cosas "deben ser", o incluso que sea la mejor opción. De todas formas, la explicitación abre el debate sobre la legitimidad de los motivos, pero no es debate público ciudadano, como casi nunca son los debates.
    Más allá del oportunismo del gobierno, del mal o buen momento en que el Ministró lanzó sus dichos, que creo los comentarios de arriba hacen un buen diagnóstico, hay que preguntarse si es buena la organización de nuestro "poder" judicial, si es bueno que sea el ejecutivo quien decida y establezca los incentivos para las decisiones de los jueces; hay que ver cómo se compatibiliza eso con la independencia de nuestros tribunales, porque la otra opción es desechar la independencia, y que nos juzguen directamente tribunales del gobierno, con toda su posible arbitrariedad y que no sean "la boca que pronuncia las palabras de la ley". Por anticuada y cliché que parezca la frase, creo que es la única forma de que el principio democrático se traspase a la administración de justicia.
    A mi parecer, la intervención del ejecutivo en la carrera judicial, en ocasiones en la designación de jueces, es un intento por otorgarle legitimidad a una institución que parece alejada de la gente y de la democracia, pero creo que la legitimidad a los tribunales se los otorga el que sean estricta aplicación de la ley, y no de los motivos personales del juez. Es el derecho el que debe dar las respuestas a la solución de conflictos, y si bien puede (y debe) haber coordinación y comunicación entre los poderes del Estado, debemos cuidar de que los procesos, y sobre todo el penal, no se convierta en una oportunidad para que el ejecutivo haga efectivas sus políticas. Una opción podría ser reformar el sistema de recursos para los casos en que los tribunales se aparten de la ley, pero no dar más poder a la política, la administración de la polis, sobre el derecho, el arte de la justicia.
    No olvidemos también que el proceso penal no está construido solamente para proteger a la víctima, sino también al imputado, y sus derechos no deben ser vulnerados porque alguien no pueda cumplir sus promesas, o porque la gente esté más asustada que antes.

  • Francisco Alvarado

    30 Nov 201130/11/11 a las 10:55 hrs.2011-11-30 10:55:30

    Me parece bastante oportuno que se busque publicitar y en cierta medida observar el actuar de los jueces, junto con el sistema de promoción judicial.

    Sobre todo en atención a los casos en que el legislador le da discrecionalidad al juez para ciertas actuaciones, y este deja de manifiesto en sus decisiones su postura política, buscando una justificación ex post de la decisión o conviccion formada ex antes.

    Es así como la independencia absoluta de los jueces, muchas veces se vuelve perniciosa en los casos en que el legisladores le impone un limite claro al juez y le da un margen de decisión demasiado amplio, en estos casos la observancia política toma importancia junto con la publicidad de los motivos de promoción del poder judicial.

  • Martín Fischer J.

    23 Nov 201123/11/11 a las 19:40 hrs.2011-11-23 19:40:23

    Estrategias comunicacionales aparte, me parece que intentar transparentar los criterios de promoción de los jueces no es reprochable per se. Creo que el debate debe centrarse en determinar que criterios nos parecen aceptables para ser evaluados, evitando comprometer la necesaria independencia del poder judicial de los otros poderes del estado. Difícilmente podremos encontrar criterios perfectos, pero la transparencia del proceso es claramente preferible e incluso podría ir puliendo los criterios referidos.

  • Gabriel Budnik O.

    22 Nov 201122/11/11 a las 21:50 hrs.2011-11-22 21:50:22

    Sin lugar a dudas es necesario transparentar el ascenso de los jueces. Ahora bien, no se hasta qué punto podemos hablar que efectivamente se está dando esta transparencia. El juez debe ser un juzgador activo, siendo el único con la facultad de imputar a determinado sujeto. Creo, al igual que Felipe, que esta estrategia termina siendo netamente oportunismo político. Al gobierno se le ha pasado la mano y no podrá cumplir su promesa de terminar con la delincuencia (al final tanta represión liberó el espíritu anarquista y revolucionario de muchos), por lo que trata de involucrarse en un tema el cual, en la realidad, no tiene efecto práctico para la sociedad. Este desplazamiento de una promesa de gobierno es altamente indeseable. Tomando en consideración lo anterior, realmente no sé hasta que punto el ejecutivo es el indicado para realizar una intervención de tal punto en cuestiones que compete al poder judicial.
    Finalmente, sólo quisiera agregar que veo con ojos críticos esta actitud del gobierno, y del político en general, ya que en vez de buscar un beneficio social, se termina buscando beneficios individuales. Lo correcto sería procurar hacia una unidad en los distintos poderes del Estado, unidad y cohesión que facilitaría el manejo de las demandas sociales.

  • Felipe Hepner A.

    22 Nov 201122/11/11 a las 17:42 hrs.2011-11-22 17:42:22

    Creo que lo alentador de la explicitación de los criterios por los cuales se promueve a los jueces no corresponde más que a una estrategia política (no cuestiono ni su validez ni eficacia) para trasladar el peso de la supuesto ''fracaso en la batalla contra la delincuencia'' a los jueces. Considero que sería sumamente positivo que todos los ciudadanos conocieramos los criterios políticos (porque es a lo que responden) por los cuales un juez es electo y por qué otro es vetado, pero creo que la forma en la cual el gobierno esta dando esta "información" no tiene realmente por fin generar esta transparencia, y lo único que genera es un malestar generalizado contra el proceso penal, situación que creo no beneficia a nadie más que al oportunista político que verá en esta situación una enorme opción para aplicar el discurso de la mano dura, y a la pasada, ganar una enorme adhesión ciudadana

  • Claudio Palavecino

    15 Nov 201115/11/11 a las 08:33 hrs.2011-11-15 08:33:15

    Estimado Juan Pablo, no comparto la idea (evidentemente) autoritaria de “resocialización” del individuo como fin del sistema penal (forma parte de la indestructible libertad del ser humano rebelarse incluso contra las reglas básicas de convivencia, pero debe atenerse a las consecuencias “desagradables” que ante tal rebelión prevé la comunidad organizada. Por su parte, la comunidad organizada (no autoritaria) debe darse por satisfecha con la aplicación del castigo y no puede pretender conseguir la adhesión ideológica o conversión del infractor al orden establecido).
    Por otra parte, está claro que las consideraciones político criminales por los jueces plantean una tensión con el debido proceso del infractor. Coincido contigo en que ese problema existe, pero no se resuelve con la simple afirmación de garantismo ingenuo de que debe prevalecer el razonamiento técnico sobre el político, porque en los hechos, los jueces, con o sin advertencia del ministro de turno, deciden no solo de manera técnica sino también política. Y créeme que entre la agenda propia de cada juez y la agenda del poder político, prefiero esta última.

  • J. Pablo Ruiz de Gamboa

    14 Nov 201114/11/11 a las 22:34 hrs.2011-11-14 22:34:14

    Díez Ripollés trató alguna vez sobre el Derecho Penal Simbólico y la instrumentalidad política que da el Legislador al Derecho Penal, más aún cuando en "lo social". relevante o no, intervienen medios de comunicación.
    La inocuización y la resocialización del individuo (elementos que son parte del deber ser de nuestro sistema penal) son posibles cuando elementos técnicos determinan la pena, y no un mero impulso político dado por una sobre-exposición mediática y la posibilidad de quien sea de capitalizar dicha situación. Atendiendo al caso en cuestión, la instrumentalidad no estaría dada en la ley y el tipo penal per se, sino en la persona misma del Juez.

    La imparcialidad judicial, como garantía constitucional, no descansa en el perfil psicológico del juez sino en un sistema basado en un principio de Legalidad y la verificación del tipo penal por todas sus etapas (Tipicidad, Antijuricidad y Culpabilidad). Diferenciar entre los jueces por su acción frente a desordenes públicos es, más directa que indirectamente, echar al tacho de basura - o bien negar, si lo prefiere- toda idea de debido proceso consagrado en la Constitución.

  • Roberto Carrillo A.

    13 Nov 201113/11/11 a las 17:41 hrs.2011-11-13 17:41:13

    Estimado profesor:

    Creo que es cierto que es necesario cierto control al actuar de los jueces, pues son ciudadanos revestidos de amplias facultades para solucionar las controversias jurídicas que se desarrollan en nuestra República, y por ello, no podemos permitir que actúen sin ningún filtro dentro de su toma de decisiones. Entonces el problema recae en el nivel de control que podemos tener sobre ellos (independencia v/s intervención).

    Ahora bien, también las palabras del Ministro fueron un poco "desafortunadas", pues se podía leer entre líneas una intervención positiva (es decir, activa) por parte del Gobierno en los casos de desórdenes públicos.

    Siento que el Gobierno debería preocuparse de que se respeten las garantías básicas tanto del imputado, como se hace hoy, como con la sociedad toda, lo que creo que quería decir el Ministro. Es decir, no caer en un sistema tan garantista, sino más bien aplicar las normas vigentes y respetar el debido proceso.

    Esto porque recordemos que el proceso penal está creado para resguardar la paz social (le delegamos las facultades al juez para esto), y ello no es posible tanto si los delincuentes actúan de forma libre, teniendo un juez absolutamente pasivo, como si a gente inocente se le imputara delitos cuando no correspondan. Es un linde difícil de percibir y respetar, pero que se discuta el tema ya es un paso necesario para la transparencia y cumplimiento de éste, como usted dice, "solo gracias a esa explicitación se puede abrir el debate público sobre la legitimidad de los motivos".

    Saludos

  • Claudio Palavecino

    12 Nov 201112/11/11 a las 08:28 hrs.2011-11-12 08:28:12

    Estimados alumnos:
    Yo no comparto la "mano dura" como política criminal. Pero si el diseño institucional de la judicatura entrega al poder político la última palabra en la designación de los altos magistrados, entonces, el tipo de racionalidad que pide tal institucionalidad no es técnica (por ejemplo en funciòn de méritos o experiencia) sino política. Racionalidad política en el sentido de lo que gobierno y parlamento consideran en el minuto en que ejercen su atribución como bueno y saludable para la Polis. Los altos magistrados, especialmente de la Corte Suprema no son irresponsables políticamente por sus decisiones porque, reconózcase o no, su labor no es estrictamente técnica sino que también polìtica. El propio sistema permite que los jueces supremos sean destituidos por notable abanadono de deberes a través de un juicio político.
    Podemos discrepar del gobierno en la orientación político criminal que "pemiará" con ascensos, pero no lo podemos condenar por sincerarla.

  • Pablo Ortúzar M.

    10 Nov 201110/11/11 a las 23:24 hrs.2011-11-10 23:24:10

    Estimado Profesor,

    Estoy de acuerdo con Osvaldo. Es una táctica eficiente para desplazar hacia los jueces el no poder acabar con la delincuencia, una de las principales promesas de campaña que, en los hechos, se ha visto incumplida. Sin embargo, y esto es lo importante, debe evaluarse cuánto hay de razonable en esta acusación. Se han puesto los ojos de la república sobre los jueces, especialmente los de garantía, y bien vale la pena evaluar sus actos.

    Hay que recordar que no porque algo sea una táctica significa que no se aprovecha la realidad sino que se la falsea. La mejor táctica echa mano a realidades, lo que asegura, frente a la crítica, tener la verdad del lado de uno. La razón es simple: si los jueces efectivamente están incumpliendo o siendo imprudentes parecería que el gobierno tiene razón. Y en cierto sentido, la tendría. Lo que entonces habría que cuestionar es la selección del mal desempeño de los jueces como explicación del aumento de la delincuencia y proponer criterios alternativos. Pero si comunicacionalmente, en la opinión pública, se ha hecho firme el vínculo entre jueces ineficientes y aumento de la delincuencia, se requiere de mucha fuerza para removerlo.

    Saludos atentos,

    Pablo Ortúzar M.

  • Osvaldo Guillen M.

    10 Nov 201110/11/11 a las 22:21 hrs.2011-11-10 22:21:10

    Profesor,

    También me parece alentador que los gobiernos comuniquen a los ciudadanos una de las razones por la cuales darán o no curso al ascenso de determinados jueces. Sin embargo, no soy tan optimista respecto a la apertura del debate público como usted.

    En primer lugar, la explicitación de los pocos criterios que la ciudadanía ha podido conocer a lo largo de éste y otros gobiernos, no obedece a un efectivo empoderamiento de los ciudadanos sobre sus gobernantes.
    Que éste no es un efectivo empoderamiento de los ciudadanos sobre sus gobernantes podemos desprenderlo de dos razones: (i) la explicitación es voluntaria, (ii) no podemos suponer por el solo hecho de la explicitación que ésa o ésas razones conforman todos los criterios utilizados por el gobierno en el ascenso de los jueces.

    En definitiva, sólo quedan a disposición del debate público aquellos criterios que el gobierno quiere colocar en él.

    Cabe preguntar entonces, ¿por qué un gobierno renuncia –parcialmente- a obrar en secreto?

    Creo que no es necesario especular en demasía para lograr una respuesta satisfactoria.

    Todos sabemos que los gobiernos adquieren compromisos con los ciudadanos. No un compromiso, sino muchos. Por supuesto, hay algunos más importantes que otros. La reunión de los fines -y de los medios para alcanzarlos- más importantes constituye lo que llamamos el sello de un gobierno. Creo que los gobiernos renuncian al secreto cuando el sacrificio les asegura mantener su identidad ante los ciudadanos. En el caso de este gobierno, sacrificaron el secreto en el ascenso de los jueces para resaltar su compromiso con la ‘seguridad ciudadana’.

    ¿Nos debería causar sorpresa esta conclusión? En mi opinión, no la debería causar. Nadie puede tener tan mala memoria para olvidar las principales promesas de campaña presidencial. Lo que nos debería sorprender es que el gobierno haya debido recurrir a estos medios para mantener en pie la expectativa que ayudó a crear.

    Saludos cordiales,
    Osvaldo Guillén

    Una última observación: el tema que tanto preocupa a los jueces en este momento nunca ha dejado de estar a disposición de la opinión pública. Lo que debería estar en discusión no es el mecanismo a través del cual el gobierno quiere materializar la ‘seguridad ciudadana’, sino la propia ‘seguridad ciudadana’.

  • Andrei Candiani G.

    10 Nov 201110/11/11 a las 22:08 hrs.2011-11-10 22:08:10

    Coincido con la necesidad de "transparentar" los criterios usados por el ejecutivo para calificar el ascenso de los jueces. El criterio político para calificar ha sido usado frecuentemente, no es algo exclusivo de este gobierno, sin embargo, tenemos ahora la tecnología y los nuevos medios informativos para enterarnos de forma instantánea de eventos que antes solo podían escuchar unos pocos allegados a esos círculos de poder.

  • Tomás Labbe B.

    10 Nov 201110/11/11 a las 21:47 hrs.2011-11-10 21:47:10

    Aplicado el W40 neuronal...
    Interesante enfoque. Yo me indigné de inmediato cuando escuché las declaraciones. Pero es verdad, al final del día, el ejecutivo sí tiene la potestad para ver cómo avanzan los jueces en sus carreras y, sin duda, es positivo, necesario y, hasta, obligatorio que se transparenten los criterios conforme a los cuales se nombran los jueces de las cortes. Y aunque discutible, es razonable que los poderes propiamente políticos tengan alguna injerencia en los tribunales; puede que si fuera un sistema cerrado y completamente autogenerativo se cayera en vicios graves.
    Con todo, las declaraciones son tremendamente nocivas me parece a mí. Porque se dan en un contexto realmente conflictivo, donde parece haber dos bandos más o menos definidos. Al menos en este punto, por un lado está el gobierno que dice velar por todos los ciudadanos, la paz y el orden público; por el otro, los encapuchados que destrozan la ciudad, delincuentes sin más. La cosa es que el gobierno no ha disimulado tal antagonismo, por el contrario, es su bandera de lucha la "mano dura" en contra de tales delincuentes. Por tanto, si bien quizás no se dice expresamente, a lo que llama el ministro es a aplicar la ley en todo su rigor o, incluso, más allá de ello. Es decir, el llamado no es a hacer justicia e imponer las condenas según corresponda y en el grado que se deba (creo que esto es el ideal indiscutible). El llamado es a condenar al mayor número posible a lo más que se pueda. Un poco paranoico? puede ser. Pero si yo fuera juez es clarísimo para donde está el incentivo si quisiera ascender en la carrera judicial: mientras más y mayores las penas, más del agrado del gobierno de turno.

  • José Varela P.

    10 Nov 201110/11/11 a las 21:04 hrs.2011-11-10 21:04:10

    Tanto tiempo profe, espero se encuentre bien. Recuerdo que ese día ley su carta, y si bien me parece que el argumento es bastante plausible, según mi parecer las declaraciones del ministro no serían las más adecuadas, así como tampoco lo es la forma de organización de la judicatura. Soy un crítico más que de las declaraciones del señor Ribera, de la forma en que se organiza la judicatura, dado que me parece es evidente que la carrera judicial le resta independencia tanto interna como externa a los jueces. Como es natural, un juez siempre tratara de ascender por diversos motivos (entre otros, el suelo jaja), lo grave es que en pos de aquello muchas veces debe actuar contra sus propias convicciones personales y guiarse por los criterios que se considerar adecuados por los tribunales superiores. En otras palabras, según los criterios que dentro del mismo poder judicial son los predominantes (los cuales en la historia han demostrado que suelen ser bastante conservadores). Por esto es que no queda espacio para opiniones divergentes, o jueces "díscolos", y los que lo son, que suelen ser muy excepcionales, es porque simplemente ya no están interesado en seguir ascendiendo en su carrera judicial (como esl juez Cerda, por ejemplo). De ahí que, según mi parecer, más grave que las palabras del ministro, lo es la forma de organización actual de la judicatura, dado que ambos le restan independencia a los magistrados